nro. 4 / 27 ene 2017 #editorial
Este número de Ctep en Movimiento estaba preparado para salir unos días atrás. La editorial, dedicada al problema de la seguridad de los territorios, comenzaba comentando sobre el asesinato del compañero del Movimiento Popular La Dignidad (MPLD), César Méndez, quien defendía a vecinos que estaban siendo echados de sus terrenos, en el Cuartel Quinto de Moreno, hecho sobre el cual habíamos informado en nuestro número anterior. La página 2 de esta edición estaba destinada a un reportaje que le íbamos a hacer al referente del MPLD Darío “Icki” Julián.
La demora en la publicación se debió a que, repentinamente, “Icki” fue internado por una dolencia. Decidimos esperarlo, porque su palabra era importante para esclarecer acerca del asunto en cuestión. Pero “Icki” falleció el pasado sábado 21 de enero, tras casi un mes de internación. No logró recuperarse del balazo recibido en febrero de 2016, a manos de un puntero de las mafias territoriales. Como la de César Méndez y muchos otros, la muerte de “Icki”, pone de relieve un nuevo tipo de violencia en los territorios que combina el accionar policial, punteril y narco. Su asesinato no interesa a los sensacionalistas de la inseguridad social que organizan los shows mediáticos, pero nadie va a creer que la publicitación del fenómeno de la violencia, la operación de bandas y otros efectos de la desigualdad, es la garantía de la seguridad de la población.
Por eso, mientras nos quieren hacer creer –una vez más- que castigar a los chicos es la solución a todos los males del país y, por ende, que la felicidad radica en entrar rapidito y seguros a casa, las organizaciones populares y la CTEP en particular, se movilizaron y entraron en diálogo directo con el Ministerio de Seguridad de la Nación, y con secretarías provinciales y municipales, como la Dirección de Violencia Institucional y Delitos de Interés Federal, para proponer y desarrollar soluciones reales la violencia tercerizada contra las organizaciones, los desalojos, las detenciones arbitrarias, la trata y las prácticas de inteligencia de los aparatos estatales de seguridad. En estos días, se exploran varios de estos caminos de interlocución, con organismos como la Comisión Investigadora de la Violencia en los Territorios y el Centros de Estudios Legales y Sociales (Cels).
Desde el MPLD se propuso crear un amplio espacio de interlocución, con participación multisectorial, partiendo de la base de que la violencia criminal que se vive no puede erradicarse si se reduce el problema al “delito de los pobres”. El ataque a los niños y niñas pone de relieve, no un problema delincuencial, sino el desagradable hecho de constatar que como sociedad hemos desprotegido a nuestra población infantil. El enfoque que propone el gobierno a través de su ministro de Justicia, Germán Garavano, es similar al que condenaba en el siglo XIX en la vieja Europa a los recolectores de leña por juntarla de las tierras de donde habían sido expulsados previamente con el uso de la violencia.
Atacar este grave problema requiere, en primer lugar, salir de la lógica estatal meramente represiva y determinar intervenciones integrales, que tengan como horizonte transferir más poder a las organizaciones territoriales. Sin ser crédulos respecto de la solución estatal, la interlocución constituye quizá una gran oportunidad para componer una voz colectiva y compleja, que pueda intervenir activamente en la denuncia y resolución de problemas de fondo.