nro. 5 / 13 feb 2017
#editorial
Respuesta a la editorial de La Nación, “Dejar atrás el populismo”
El 31 de enero, el diario La Nación buscó marcar tendencia al interior de la alianza gobernante, de la cual forma parte, y atacó la ley de emergencia social conseguida por las organizaciones de la economía popular, entre ellas la CTEP. Critican al presidente Macri por ceder ante la presión y recaer en una política de “asistencialismo de rasgos populistas que debilita aún más la cultura del trabajo”. Según La Nación, el camino a seguir es el que se abrió en materia laboral: incentivar a las empresas del sector privado para que contraten a los beneficiarios de planes sociales, garantizando la capacitación laboral y la creación de empleo “genuino”. Para atacar la ley de emergencia social, el diario citó textualmente al único diputado que votó en contra, el polémico empresario salteño Alfredo Olmedo: "…acá hay que pedir obligaciones y no dar tantos derechos. Les tienen miedo a los piquetes, tírenles una pala al medio del piquete y verán cómo se disuelve".
#editorial
Respuesta a la editorial de La Nación, “Dejar atrás el populismo”
El 31 de enero, el diario La Nación buscó marcar tendencia al interior de la alianza gobernante, de la cual forma parte, y atacó la ley de emergencia social conseguida por las organizaciones de la economía popular, entre ellas la CTEP. Critican al presidente Macri por ceder ante la presión y recaer en una política de “asistencialismo de rasgos populistas que debilita aún más la cultura del trabajo”. Según La Nación, el camino a seguir es el que se abrió en materia laboral: incentivar a las empresas del sector privado para que contraten a los beneficiarios de planes sociales, garantizando la capacitación laboral y la creación de empleo “genuino”. Para atacar la ley de emergencia social, el diario citó textualmente al único diputado que votó en contra, el polémico empresario salteño Alfredo Olmedo: "…acá hay que pedir obligaciones y no dar tantos derechos. Les tienen miedo a los piquetes, tírenles una pala al medio del piquete y verán cómo se disuelve".
La Nación explica que el objetivo es “reducir la pobreza y crear empleos” y que ello se alcanza si se incentiva la inversión privada, no si se subsidia directamente el trabajo de la economía popular. Pero, ¿no ha habido suficientes ejemplos en nuestra historia de políticas de incentivo a la inversión privada y aún así tenemos una enorme masa de población en la pobreza, en el desempleo y en la economía informal? ¿Responde esta situación a malas políticas de gobiernos, a designios de la fortuna (o el infortunio) o a las necesidades de un sistema económico que tiende a excluir y empobrecer de forma creciente una importante masa de población? Las organizaciones de la economía popular, que han creado condiciones para su supervivencia a lo largo de los años de crisis, el primer derecho que reclaman es trabajo, no planes. Y lo que el sistema y sucesivos gobiernos han demostrado de ser incapaces de brindar, por distintas razones en cada caso, es trabajo, no planes.
La segunda cuestión, concatenada por supuesto, es qué tipo de trabajo y para quién. Desde La Nación se explicita que se trata de reducir la pobreza y crear empleos. Pero, ¿lo que dicen es realmente lo que piensan? No. La verdad es que cuando se crea trabajo digno, la ecuación resulta tan cara para las expectativas de las empresas, que éstas no asisten al convite. Es el caso actual del taller gráfico AGR del grupo Clarín. Lo cierran porque el trabajo que allí se realiza es trabajo con derechos. Es sencillo: cuando desde el diario La Nación piden empleos genuinos en realidad piden trabajo de pobreza. Sólo así se entiende que abjuren de los derechos contemplados en la ley de emergencia social, “que incluso supera los esenciales” –dicen-, y que no son ni más ni menos que: “garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”. Para La Nación y los sectores que expresa, no es real la opción de “reducir la pobreza y crear empleos”. El objetivo es crear empleos sin derechos.
En efecto, sólo así también se entiende que para no traspasar directamente los límites de lo políticamente correcto, utilizan las declaraciones del diputado Olmedo para decir lo que piensan. Recordemos que este ex candidato a gobernador de Salta por el partido de Mauricio Macri es un empresario agropecuario a quien le descubrieron campos con centenares de trabajadores en condiciones de semiesclavitud, hacinadas en carpas de nylon con tarimas apoyadas sobre la tierra que hacían las veces de cama.
Es por ello que nos preguntamos: ¿qué resultaría más redituable para el país, aportar fondos para que las organizaciones sociales desarrollen una economía popular que, lejos de debilitar la cultura del trabajo, ha creado instancias de formación y producción en canales alternativos a los del sistema que los ha excluido, o subsidiar a los sectores dominantes, empresas que han fugado y se han apropiado de todo el dinero que han tomado del Estado sin ofrecer ninguna contraprestación? Nuestra historia enseña que cuando el capital recibe un subsidio del Estado, su acción inmediata es estafar al pueblo. La solución “virtuosa” que propone La Nación –en realidad- es la del disciplinamiento social. Se trata de canalizar los recursos directamente a través de las empresas para sepultar la organización popular. Saben que es justamente ese, aún en sus distintas formas, el tendón de Aquiles de su histórico proyecto de dominación.
La segunda cuestión, concatenada por supuesto, es qué tipo de trabajo y para quién. Desde La Nación se explicita que se trata de reducir la pobreza y crear empleos. Pero, ¿lo que dicen es realmente lo que piensan? No. La verdad es que cuando se crea trabajo digno, la ecuación resulta tan cara para las expectativas de las empresas, que éstas no asisten al convite. Es el caso actual del taller gráfico AGR del grupo Clarín. Lo cierran porque el trabajo que allí se realiza es trabajo con derechos. Es sencillo: cuando desde el diario La Nación piden empleos genuinos en realidad piden trabajo de pobreza. Sólo así se entiende que abjuren de los derechos contemplados en la ley de emergencia social, “que incluso supera los esenciales” –dicen-, y que no son ni más ni menos que: “garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”. Para La Nación y los sectores que expresa, no es real la opción de “reducir la pobreza y crear empleos”. El objetivo es crear empleos sin derechos.
En efecto, sólo así también se entiende que para no traspasar directamente los límites de lo políticamente correcto, utilizan las declaraciones del diputado Olmedo para decir lo que piensan. Recordemos que este ex candidato a gobernador de Salta por el partido de Mauricio Macri es un empresario agropecuario a quien le descubrieron campos con centenares de trabajadores en condiciones de semiesclavitud, hacinadas en carpas de nylon con tarimas apoyadas sobre la tierra que hacían las veces de cama.
Es por ello que nos preguntamos: ¿qué resultaría más redituable para el país, aportar fondos para que las organizaciones sociales desarrollen una economía popular que, lejos de debilitar la cultura del trabajo, ha creado instancias de formación y producción en canales alternativos a los del sistema que los ha excluido, o subsidiar a los sectores dominantes, empresas que han fugado y se han apropiado de todo el dinero que han tomado del Estado sin ofrecer ninguna contraprestación? Nuestra historia enseña que cuando el capital recibe un subsidio del Estado, su acción inmediata es estafar al pueblo. La solución “virtuosa” que propone La Nación –en realidad- es la del disciplinamiento social. Se trata de canalizar los recursos directamente a través de las empresas para sepultar la organización popular. Saben que es justamente ese, aún en sus distintas formas, el tendón de Aquiles de su histórico proyecto de dominación.