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Un gobierno acorazado

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2 de febrero de 2017

Respuesta a la editorial de La Nación, “Dejar atrás el populismo”

En una de sus editoriales del martes 31 de enero, el diario La Nación vuelve a dejar en claro que a su derecha no hay una pared, sino un muro, tan grande como el que el nuevo presidente de Estados Unidos quiere construir en la frontera con México. Bajo el título “Dejar atrás el populismo”, el diario centenario busca marcar tendencia al interior de la alianza gobernante, de la cual forma parte y ataca la ley de emergencia social sancionada antes de finalizar el 2016, acordada entre el gobierno nacional y las organizaciones de la economía popular, entre ellas la CTEP.

Los argumentos no son novedosos, ni tendrían por qué serlo: critican al gobierno de Mauricio Macri por ceder ante una política de “asistencialismo de rasgos populistas que debilita aún más la cultura del trabajo” y, en contraposición, saludan la decisión tomada en material laboral de incentivar a las empresas del sector privado para que contraten a los beneficiarios de planes sociales, garantizando la capacitación laboral y la creación de empleo genuino.

Este último camino, dicen, ha sido ya aceptado por “un sector del gremialismo” que entiende que se deben corregir normas y hábitos de los trabajadores que “afectan la competitividad”, para poder así generar nuevas inversiones, crear empleos y aumentar los salarios reales. El otro camino, que los espanta, lo empujan quienes –dicen- se refugian en “la resistencia”, los de las movilizaciones y los piquetes y las “proclamas casi revolucionarias”, y que ponen a prueba al gobierno, extorsionándolo bajo el paraguas de que “nadie se podría oponer a un objetivo virtuoso” como el de brindar “ayuda a los más necesitados”.

Esta editorial expresa sin duda el pensamiento de los sectores dominantes y de un amplio espectro social que cede ante la construcción de este sentido común. Uno de sus exponentes políticos, recuperados no casualmente por la propia editorial, es el diputado salteño Alfredo Olmedo, quien voto en contra de la ley y “se atrevió a decir lo que todos pensaban pero nadie se animaba a expresar”. La editorial cita textualmente las palabras del diputado y empresario salteño: "Ningún país se levanta sin laburar, acá hay que pedir obligaciones y no dar tantos derechos. Les tienen miedo a los piquetes, tírenles una pala al medio del piquete y verán cómo se disuelve". Suficientemente claro. Pero si “es hora de pensar”, como dice el editorial, pues pensemos.

En primer lugar, se señala que el objetivo es “reducir la pobreza y crear empleos”, objetivo que se alcanza –según esta visión de las cosas- si se crean las condiciones para que los empresarios generen inversiones. La pregunta es, pues, ¿de dónde han salido todos esos trabajadores desocupados e informales en la Argentina? ¿Responde a malas políticas de gobierno, a designios de la fortuna (o el infortunio) o a las necesidades de un sistema económico que tiende a excluir y empobrecer de forma creciente una importante masa de población? Las organizaciones de la economía popular, que han creado condiciones para su supervivencia a lo largo de los años de crisis, el primer derecho que reclaman es trabajo, no planes. Y lo que el sistema y sucesivos gobiernos han demostrado de ser incapaces de brindar, por distintas razones en cada caso, es trabajo, no planes.







La segunda cuestión, concatenada por supuesto, es qué tipo de trabajo y para quién. Desde La Nación se explicita que se trata de reducir la pobreza y crear empleos. Pero, ¿lo que dicen es realmente lo que piensan? No. En verdad, los editorialistas hacen lo que critican, es decir, dicen lo contrario de lo que piensan, porque si se creara trabajo que sacara realmente a la gente de la pobreza, llamémosle trabajo digno, la ecuación sería tan cara para las expectativas de las empresas, que éstas no asistirían al convite. Es sencillo: cuando desde el diario piden empleos genuinos en realidad piden trabajo de pobreza. Sólo así se entiende que abjuren de los derechos contemplados en la ley de emergencia social, “que incluso supera los esenciales”, y que no son ni más ni menos que: “garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”. Traduciendo, para La Nación y los sectores que expresa, no es real la opción de “reducir la pobreza y crear empleos”. El objetivo es crear empleos sin derechos.

En efecto, sólo así también se entiende que para no traspasar directamente los límites de lo políticamente correcto, utilizan las declaraciones del diputado Olmedo para transmitir expresamente lo que piensan, diputado que sí sabe de derechos y obligaciones. Una simple postal: el ex candidato a gobernador de Salta por el partido de Mauricio Macri es un empresario agropecuario a quien le descubrieron campos con centenares de trabajadores en condiciones de semiesclavitud, hacinadas en carpas de nylon con tarimas apoyadas sobre la tierra que hacían las veces de cama. Ni ahondar en que se trata del mismo diputado que se autodefine como “fiestero” y que califica la homosexualidad como una “desviación de lo que creó Dios”, las opciones binarias de “perro hembra o perro macho”. Este párrafo podría resultar interminable.

Por último, cabe decir, ¿qué resultaría más redituable para el país, aportar fondos para que las organizaciones sociales desarrollen una economía popular que, lejos de debilitar la cultura del trabajo, ha creado instancias de formación y producción en canales alternativos a los del sistema que los ha excluido, o subsidiar a los sectores dominantes, empresas que han fugado y se han apropiado de todo el dinero que han tomado del Estado sin ofrecer ninguna contraprestación? Basta con mencionar los ejemplos de la estatización de la deuda externa de la dictadura y las fugas de divisas que han venido desangrando la economía nacional desde entonces hasta la actualidad (incluidos los fondos que la familia presidencial tiene en Panamá) para aprender que cuando el capital recibe un subsidio, su acción inmediata es estafar al pueblo. La solución “virtuosa” que propone La Nación –en realidad- es la del disciplinamiento social. Se trata de canalizar los recursos directamente a través de las empresas para sepultar la organización popular. Saben que es justamente ese, aún en sus distintas formas, el tendón de Aquiles de su histórico proyecto de dominación.